Sindicatos temen pérdida de autonomía y se movilizan contra reforma laboral
21-noviembre-2025.-El intento de reformar la Ley Estatal del Servicio Civil volvió a encender el ánimo del sector laboral en Veracruz. Este viernes, más de 24 sindicatos tomaron las calles de Xalapa para exigir lo que consideran una defensa urgente frente a una iniciativa que —según acusan— busca reducirlos, controlarlos y silenciarlos.
Para los gremios, la propuesta impulsada por el diputado Juan Tress Zilli no es una simple actualización normativa, sino un golpe directo a la autonomía sindical. La lectura que hacen es clara: el nuevo proyecto pretende fusionar y encorsetar a todas las organizaciones en un único modelo que responda a intereses del Ejecutivo.
Al frente de la movilización, Ahmed Antonio Galicia Campos, líder del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo, lanzó críticas abiertas a la forma en que se cocinó la iniciativa. Afirmó que se presentó “a espaldas de los trabajadores”, en un proceso opaco que jamás buscó la participación de quienes sí conocen las necesidades laborales.
El dirigente acusó que, si realmente hubieran querido diálogo, las autoridades habrían convocado desde el inicio. “Lo hicieron en la sombra y con prisa, como se hace cuando algo no resiste la discusión pública”, reprochó.
En su documento, los sindicatos exigieron tres acciones inmediatas: poner freno al proceso legislativo, instalar una mesa real de trabajo con todos los gremios, y responder por escrito las preocupaciones del sector. Nada de negociaciones simuladas, nada de mesas “de foto”.
Durante el trayecto, subrayaron que su protesta fue pacífica, pero no por ello menos firme. Comentaron que las consecuencias de la reforma no son un asunto menor, pues afectaría a unos 10 mil empleados estatales, con el riesgo de extenderse a sectores clave como Educación y Salud.
Uno de los puntos que desató mayor rechazo es el requisito de que un sindicato represente al 30% de los trabajadores para poder registrar las condiciones generales de trabajo. Para ellos, esta medida es un mecanismo diseñado para que prácticamente ningún gremio pueda cumplirlo, favoreciendo a organizaciones dóciles.
A esta crítica se suma el artículo 188, que permitiría retirar derechos laborales a quienes abandonen o sean expulsados de un sindicato. Para los dirigentes, se trata de una medida punitiva que pretende disciplinar a los trabajadores por la vía del miedo.
Las acusaciones se endurecieron aún más cuando revelaron que la reforma busca entregar el control del registro sindical a la Secretaría del Trabajo, una dependencia del Ejecutivo. Tal movimiento, aseguran, eliminaría cualquier posibilidad de arbitraje imparcial: “Es como poner al árbitro a jugar del lado del patrón”, sentenciaron.
Los gremios también denunciaron que, como preámbulo a la reforma, la Secretaría solicitó al Tribunal de Conciliación todos los expedientes sindicales, lo que interpretan como un paso adelantado del gobierno para tomar el control antes de que la ley siquiera se apruebe.
Para colmo, afirmaron que el Tribunal les negó tomas de nota por “órdenes superiores”, confirmando —según ellos— que las instituciones están alineadas para empujar la iniciativa sin importar el costo legal ni social.
El artículo 109, que pretende otorgar el registro solo al sindicato mayoritario, fue calificado por los líderes sindicales como un “asalto directo” a la libertad sindical, violando los convenios 87 y 98 de la OIT. No dudaron en llamar a esto un intento de construir un sindicato único obediente al gobierno.
Ante este escenario, organizaciones del sector magisterial decidieron integrarse al movimiento, asegurando que no permitirán que la reforma avance, pues podría replicarse en su propio sistema laboral.
Los sindicatos dejaron claro que, si el Congreso insiste en ignorar sus reclamos, evaluarán paros escalonados, movilizaciones estatales e incluso medidas de mayor alcance. La base —sostienen— ya está advertida y lista para actuar.
Para cerrar su posicionamiento, recalcaron que no defienden privilegios ni intereses personales: lo que buscan es evitar que una reforma “mal diseñada y apresurada” desmantele derechos laborales que costaron décadas construir.
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