Jubilados de la AJUPIV retoman protestas en Xalapa: demandan cuatro años y medio sin respuesta

Xalapa, Ver., 30 de abril de 2026.- Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz (AJUPIV) reanudaron este jueves su jornada de protestas en la capital veracruzana para exigir la restitución de una aseguradora que garantice el pago oportuno de beneficios a sus familiares, un servicio que, afirman, permanece suspendido desde hace cuatro años y medio, pese a que continúan realizándose descuentos a los trabajadores retirados bajo ese concepto.

Durante la tercera manifestación consecutiva realizada en abril, la secretaria de Organización de AJUPIV, Susana Suárez Hernández, sostuvo que la movilización forma parte de un plan de presión permanente que se repetirá cada jueves, de 10:00 a 12:00 horas, hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades estatales.

La dirigente aseguró que, hasta ahora, no ha existido acercamiento institucional ni una ruta formal para resolver la exigencia central del movimiento: la contratación de una aseguradora que respalde el seguro de vida de jubilados y pensionados del sector educativo.

“Cada ocho días estaremos aquí; no vamos a dejar esto”, advirtió la representante, al señalar que la protesta ha comenzado a convertirse en una presencia constante frente a las autoridades, aunque, dijo, también ha sido minimizada por voces que consideran que los jubilados “ya tienen su pensión” y no deberían manifestarse. “No estamos aquí por gusto; estamos aquí porque se está violentando un derecho”, enfatizó.

De acuerdo con el testimonio de Suárez Hernández, el problema se remonta al sexenio de Javier Duarte de Ochoa, cuando comenzaron irregularidades en la operación de la póliza. Posteriormente, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, se contrató una aseguradora que funcionó durante dos años; sin embargo, afirmó que en 2021, bajo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, dicho servicio fue cancelado y desde entonces no ha sido restablecido. La omisión, aseguró, se ha prolongado durante la actual administración encabezada por Rocío Nahle García, sin que hasta ahora exista una solución de fondo.
La inconformidad, subrayó, no se limita a los poco más de 200 agremiados inscritos en AJUPIV, de los cuales acude una representación rotativa por razones de edad y salud, sino que afecta potencialmente a miles de jubilados y pensionados de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en todo el estado, incluyendo exdocentes, personal administrativo, intendentes y trabajadores adscritos a distintas organizaciones sindicales.

La dirigente lanzó además una acusación delicada: aunque en los talones de pago de los pensionados continúa apareciendo el concepto 026, correspondiente a descuentos destinados a un seguro, ese recurso, según afirmó, no se estaría utilizando para contratar la póliza correspondiente. “Muchos creen que sí tienen aseguradora porque les siguen descontando, pero ahí está lo grave: el dinero se sigue reteniendo y no se destina a donde debería ir”, denunció.

AJUPIV explicó que antes de volver a las calles agotó la vía institucional mediante oficios y solicitudes formales. Si bien reconocieron que en algunos casos el gobierno ha intervenido para realizar pagos a beneficiarios de trabajadores fallecidos, consideran que esas acciones son paliativas y no sustituyen la obligación de contar con un esquema formal de aseguramiento que brinde certeza jurídica y financiera a las familias.

Con un llamado directo a jubilados y pensionados de toda la entidad, la organización convocó a visibilizar una problemática que, afirma, ha permanecido ignorada por años. “No es un asunto exclusivo de AJUPIV; es una afectación generalizada en Veracruz”, sostuvo Suárez Hernández, al insistir en que la ausencia de movilizaciones de otros sectores no significa que el problema no exista, sino que muchos desconocen el alcance real de la situación.

Mientras no haya respuesta oficial, los jubilados advirtieron que mantendrán sus protestas semanales en Xalapa, convirtiendo su reclamo en un recordatorio constante de una deuda institucional que, a su juicio, el Estado ha postergado durante demasiado tiempo.