Jubilados acusan impunidad en desfalco millonario al IPE
Xalapa, Ver., 17-septiembre-2025.-La Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) denunció que, tras casi una década de denuncias y pruebas entregadas, la Fiscalía General del Estado (FGE) cerró el caso del desfalco al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) argumentando prescripción de los delitos y sin reconocer afectación patrimonial.
Los integrantes de la organización consideraron grave que la Fiscalía desechara 141 pruebas presentadas por los afectados, tomando como único sustento una auditoría oficial que minimiza el desvío de recursos. “Resulta indignante que el propio gobierno, que fue víctima del saqueo, ahora actúe como encubridor”, expresaron durante una conferencia de prensa en Xalapa.
Frente a este escenario, los jubilados han promovido recursos legales en juzgados federales, aunque señalaron que enfrentan constantes retrasos y cancelaciones de audiencias, lo que interpretan como un intento de desgastarlos.
El caso involucra más de 2 mil 200 millones de pesos de la reserva técnica del IPE, dinero que —según recordaron— fue utilizado irregularmente en la administración de Javier Duarte de Ochoa. La organización recalcó que continuará exigiendo justicia y reparación del daño.
“Pasan los años, cambian los partidos en el poder y se anuncian transformaciones, pero las viejas prácticas de complicidad e impunidad siguen intactas”, lamentaron los representantes de Copipev.
Recordaron que en 2016 se autorizó la utilización de la reserva técnica para cubrir gasto corriente, a pesar de que la ley establece que esos fondos solo deben emplearse para garantizar el pago de pensiones. Desde entonces, añadieron, nunca se aclaró el destino final de los recursos.
Los inconformes también señalaron que parte del dinero terminó en manos de sindicatos sin comprobación ni registros transparentes, lo que agrava la falta de rendición de cuentas.
Además, evocaron la represión sufrida en diciembre de 2015 en Plaza Lerdo, cuando fueron desalojados violentamente mientras protestaban por retrasos en los pagos. Señalaron al entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, como quien habría dado la orden.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó en 2018 que se violentaron los derechos de los jubilados, y un año después el gobierno estatal emitió una disculpa pública. Sin embargo, hasta hoy no existen sanciones contra los responsables políticos de alto nivel; solo se fincaron cargos a mandos medios y elementos policiacos.
