El Panorama del Dr. Joaquín

Joaquín Guzmán Avilés

Piso Parejo

La decisión de la Comisión de Quejas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de no sancionar a Radio Televisión de Veracruz, ni a la Coordinación de Comunicación Social por la transmisión sesgada del inicio de la precampaña de Rocío Nahle, precandidata del partido en el gobierno, es decepcionante y preocupante. 

En primer lugar, es evidente que la transmisión misma constituye una prueba irrefutable de parcialidad. El enfoque exclusivo en la precandidata de Morena, sin brindar igual oportunidad a los demás precandidatos, es una clara muestra de favoritismo y manipulación mediática. 

La falta de “pruebas suficientes” es un argumento débil y carente de fundamento, ya que la propia transmisión es una prueba contundente de la parcialidad que existe en la televisora del estado, por lo que no se descarta la intervención del gobierno en este proceso electoral. 

Es alarmante que se minimice el uso de recursos públicos para favorecer a un partido en particular, pues el hecho de que Radio Televisión de Veracruz y la Coordinación de Comunicación Social utilicen recursos que pertenecen a todos los ciudadanos para promover los intereses de un partido atenta contra los principios democráticos y la equidad en la contienda electoral. 

Esta decisión del OPLE envía un mensaje de impunidad y falta de compromiso con la imparcialidad y la transparencia en los procesos electorales. 

Es fundamental que las instituciones electorales actúen con firmeza para garantizar la equidad y la justicia en el ejercicio democrático. La falta de acción en este caso socava la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y pone en riesgo la integridad del proceso democrático en Veracruz. 

Hago un llamado a las autoridades electorales para que revisen y corrijan estas decisiones para asegurar la credibilidad y legitimidad de las próximas elecciones de Veracruz que son suma importancia porque en ella se decidirá el futuro de nuestro estado. 

Este tipo de acciones deja en claro la intervención del gobierno de Morena en el próximo proceso electora, lo cual es preocupante y pone en riesgo la integridad y la legitimidad de las elecciones en el estado. 

La posibilidad de una elección de estado, donde los recursos públicos y las instituciones del gobierno se utilizan para favorecer a un partido político en particular, es una afrenta a la democracia y a los derechos ciudadanos. 

Los veracruzanos merecen tener la libertad de elegir a sus representantes sin interferencia ni coacción, por ello es que la vigilancia del voto por parte de los ciudadanos e crucial para asegurar que se respete su voluntad y que se haga valer su derecho a elegir a quienes consideren que los representará mejor. 

Invito a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de manipulación o fraude electoral y que se tomen medidas efectivas para prevenir y castigar cualquier irregularidad, porque los ciudadanos de Veracruz deben poder confiar en que su decisión será respetada y que su voz será escuchada en las urnas. 

Coacción del voto

La revelación de que el candidato de Movimiento Ciudadano está distribuyendo dinero en los mercados para influir en el voto ciudadano es preocupante, porque se trata de un comportamiento antidemocrático y al margen de la ética política y electoral. 

Esta práctica manipuladora debilita la autonomía y libre voluntad de los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho al voto. Además, el hecho de que estas acciones se estén llevando a cabo antes del inicio oficial de la campaña electoral, muestra un claro desprecio por las normativas establecidas en un intento de tener ventaja sobre la oposición. 

Ante estos hechos, es necesario cuestionar ¿Quién lo está financiando?, ¿Desde cuando realiza estas prácticas? ¿De dónde saca el dinero para repartir? ¿Cuánto se va a gastar? ¿Este recurso está contemplado dentro del tope de su campaña electoral?.

Las leyes electorales existe para garantizar una competenia equitativa entre los candidatos y evitar que se tengan una ventaja injusta sobre los demás. 

Las autoridades electorales deben investigar y sancionar este comportamiento ilegal delcandidato y es crucial que los ciudadanos estén atentos ante cualquier intento de manipulación o abuso.