Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se suman al paro nacional
21-Agosto-2024.-Desde el primer minuto de este miércoles, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, se sumaron al paro nacional indefinido.
Con velas en mano exigieron la independencia judicial, la división de poderes y protección de sus derechos.
Expresaron su rechazo a la reforma al Poder Judicial que está promoviendo el Presidente de la Republica, pues aseguran que amenaza con socavar los pilares sobre los cuales se asienta su estado de derecho porque intentan concentrar el poder en una sola persona.
“Esta reforma que bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial, busca centralizar el poder, pone en riesgo no solo la independencia de los jueces sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto”.
En el distrito judicial son más de mil los trabajadores que participan en la movilización. De forma simultánea, también se sumaron al paro los empleados de oficinas de Boca del Río, Córdoba, Tuxpan, Poza Rica, Villa Aldama y Emiliano Zapata.
Señalaron que como custodios de la ley y de la constitución es su responsabilidad levantarse ante cualquier intento de subyugar la justicia a los intereses político”.
Insistieron en que la justicia para ser justicia debe estar libre de toda ingerencia externa, por lo que es U responsabilidad que el país no se convierta en un escenario donde las palabras pierdan su significado.
Aseguraron que la reforma amenaza la estabilidad de la nación y que en caso de ser modificada se visualiza una crisis constitucional sin precedentes que dejará cicatrices profundas en el tejido social.
Los trabajadores colocaron sus velas alrededor de las instalaciones del Poder Judicial, y colocaron una bandera de México en la puerta.
Algunos de los manifestantes portaban playeras blancas con mensajes que expresaban “defender al PJF, es defender a nuestra democracia” y “Todos somos PJF”.
Por último, comentaron que la suspensión de labores que iniciaron queda indefinida en todo el país a partir del 21 de agosto como un acto legítimo en contra de la reforma.
“Esta medida no es tomada a la ligera es una medida extrema ante una amenaza extrema, no podemos quedar o de brazos cruzados cuando se desmantelan los principios que juramos proteger”.
