Rentan fotocopiadoras al Tecnológico de Coatzacoalcos y no les pagan; adeudo alcanza los 250 mil pesos
Xalapa, Ver. 28 de enero 2026.– Una denuncia pública encendió las alertas sobre un posible manejo indebido de recursos en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, luego de que un prestador de servicios expusiera que, pese a haber cumplido con la renta y mantenimiento de equipos de fotocopiado, no recibió el pago correspondiente, aunque el dinero sí habría sido cubierto a otras personas.
David Abdala Fernández señaló que durante varios meses colocó 14 equipos de su propiedad en diferentes áreas del plantel, prestando el servicio de manera continua entre diciembre de 2024 y junio de 2025. El monto del adeudo, afirmó, rebasa los 250 mil pesos.
Explicó que el convenio original establecía que él emitiría las facturas directamente; sin embargo, posteriormente se modificó el esquema de cobro y los servicios comenzaron a ser facturados por terceros, a pesar de que los equipos y el mantenimiento seguían siendo su responsabilidad.
En este señalamiento involucró a la maestra Lorena Martínez Cabrera, quien en ese periodo fungía como directora del Tecnológico y actualmente ocupa un cargo estatal en los COAEP, así como al maestro Miguel Hernández Linares, director del CONALEP en Veracruz, con quien dijo haber tenido el primer contacto para la contratación.
Ante la falta de respuesta institucional, recurrió a la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer a qué proveedor se le habían asignado los pagos por la renta de los equipos. La documentación oficial recibida muestra movimientos económicos por 95 mil pesos en febrero, 120 mil en marzo, 120 mil en abril y 117 mil en mayo, además de registros de facturación en julio, aun cuando la exdirectora ya no estaba en funciones.
Añadió que, al retirar los aparatos, dos no le fueron devueltos y otros presentaban daños.
El denunciante pidió la intervención directa de la gobernadora de Veracruz y de los órganos fiscalizadores para que se investigue el caso, al considerar que existen elementos suficientes para aclarar si hubo desvío de recursos públicos.
