Llaman a reforzar la coordinación institucional y a recurrir a vías legales en caso de desalojo en Las Ánimas
Xalapa, Ver.– Ante el caso relacionado con el desalojo de una vivienda en el fraccionamiento Las Ánimas, se emitió un llamado a las autoridades para fortalecer la coordinación institucional y ofrecer respuestas claras y oportunas a la ciudadanía, así como a privilegiar el uso de los mecanismos legales existentes.
Se señaló que, en este tipo de asuntos, resulta indispensable la colaboración entre la Secretaría de Gobierno —a través del Registro Público de la Propiedad—, los ayuntamientos mediante sus catastros municipales y el foro de abogados postulantes, a fin de garantizar certeza jurídica en los procedimientos.
Asimismo, se destacó que el sistema jurisdiccional mexicano cuenta con una estructura sólida que permite revisar y, en su caso, corregir las decisiones judiciales. En ese sentido, se exhortó a la población a hacer uso de los recursos legales cuando considere que una resolución no se apega a derecho.
Se explicó que la impartición de justicia opera bajo un esquema de dos instancias: la primera, a cargo de los jueces, y la segunda, ante el Tribunal Superior de Justicia, al cual se puede acudir mediante los recursos correspondientes para que una autoridad en alzada revise si una sentencia fue emitida conforme a la legalidad, confirmándola o revocándola según corresponda.
También se recordó que existen instancias disciplinarias para presentar quejas cuando se considere que un juez o magistrado se aparta de su deber de actuar conforme a la ley. Esta función, que anteriormente correspondía al Consejo de la Judicatura del Estado, actualmente es competencia del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de analizar la conducta de los impartidores de justicia y aplicar, en su caso, las sanciones previstas en la normativa.
En relación con el inmueble ubicado en el fraccionamiento Las Ánimas, se lamentó que el asunto haya adquirido un carácter mediático y se aclaró que la orden de desalojo no fue emitida por quien anteriormente fungía como titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa, cargo que dejó el 2 de septiembre de 2025. La orden de desahucio, se precisó, fue dictada el 29 de octubre de 2025 y la diligencia se llevó a cabo el 21 de noviembre del mismo año.
De igual forma, se indicó que mediante un proveído judicial del 24 de junio de 2025, cuando aún se desempeñaba como juez, se dejaron sin efectos las acciones de lanzamiento en ese expediente, al considerar que las notificaciones no se realizaron de manera adecuada por parte de la actuaría.
Finalmente, se informó que en breve se presentarán las denuncias correspondientes ante las instancias competentes, con el objetivo de que, en caso de existir un uso indebido de documentos oficiales dentro del expediente, o irregularidades atribuibles a quienes los aportaron o participaron en el procedimiento, se realicen las investigaciones necesarias y se finquen responsabilidades a quien resulte responsable de posibles actos ilícitos.
