Señalan “moches” de 30 mil pesos para agilizar trámites en la SSP
***Presidentes municipales recién electos habrían sido víctimas de presuntos cobros ilegales
6-enero-2025.-Presuntos “moches” de 30 mil pesos, solicitados sin recibo ni respaldo legal, habrían sido exigidos a alcaldes recientemente electos y directores de policía municipal para acelerar trámites ante la SSP de Veracruz, de acuerdo con una denuncia ciudadana que ya fue turnada a las más altas autoridades del estado.
De acuerdo con el señalamiento, presidentes municipales recientemente electos y directores de policía municipal habrían sido presionados para entregar pagos indebidos cercanos a los 30 mil pesos, a cambio de agilizar trámites administrativos relacionados con la operatividad de sus corporaciones ante la SSP.
Los presuntos cobros que no contarían con recibos, respaldo legal ni fundamento administrativo alguno habrían sido solicitados, directa o indirectamente, por el Teniente Carlos Miguel Juárez Domínguez, el licenciado Óscar Alarcón Ramos y el subsecretario de Logística, Rafael Martínez Cisneros.
Según la información recibida, esta práctica no sería un hecho aislado, sino un mecanismo recurrente que habría operado en administraciones anteriores y que, lejos de erradicarse, continuaría vigente bajo nuevos nombres y mandos, lo que refuerza la sospecha de una corrupción institucionalizada dentro de la dependencia encargada de la seguridad pública.
La denuncia advierte que estos hechos podrían constituir faltas administrativas graves y delitos en materia de responsabilidades de servidores públicos y combate a la corrupción, por lo que se exige una investigación inmediata, profunda y sin encubrimientos.
La presión política recae ahora sobre el actual gobierno estatal, que ha reiterado un discurso de cero tolerancia a la corrupción, pero que enfrenta su primera gran prueba ante señalamientos que involucran directamente a mandos de la SSP.
Autoridades municipales exigen que la Secretaría de Seguridad Pública deje de operar bajo esquemas de “pago por trámite”, y que se ponga fin a prácticas que, de confirmarse, atentan contra la legalidad, la transparencia y la seguridad de los veracruzanos.
