Negocios y negligencia en SESVER: Recursos Humanos juega con los derechos de los trabajadores

****Mientras los sindicatos callan y se reparten beneficios, empleados denuncian abusos, favoritismos y el manejo irregular de plazas

Xalapa, Ver., 12 de noviembre de 2025.-Trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) levantan nuevamente la voz ante lo que califican como una cadena de irregularidades, favoritismos y negligencias dentro de la Subdirección de Recursos Humanos (SRH), encabezada por Marcela Pozos Jerónimo, acompañada de Noelia Lagunes Calderón y Ana Victoria López Pérez, quienes —según denuncias internas— habrían convertido las gestiones laborales en un negocio particular y en una carga para el personal operativo.

Los inconformes acusan que, lejos de resolver los pendientes administrativos, las funcionarias han favorecido intereses sindicales y personales, afectando el pago de prestaciones, la asignación de plazas y los derechos adquiridos de cientos de empleados del sector salud.

Uno de los reclamos más recientes se centra en el caótico pago de uniformes, un beneficio establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.

Aunque el sindicato del SNTSA se atribuyó la gestión del pago, los trabajadores señalan que no hubo tal gestión, ya que se trata de un derecho adquirido que la Secretaría está obligada a cumplir.

“Pagaron a unos sí, a otros no; algunos recibieron de más y otros de menos. Todo se hizo sin control ni transparencia”, señalan fuentes internas.
El desorden administrativo, dicen, evidencia la incapacidad operativa del equipo de Recursos Humanos, que además goza de protección política, lo que deja a los trabajadores en completa indefensión.

De acuerdo con testimonios recabados, la verdadera prioridad en la SRH no son los derechos laborales, sino el negocio de las plazas.
Las denuncias apuntan a que las bases laborales estarían siendo apartadas y negociadas sin pasar por la Comisión de Escalafón, la cual sigue sin instalarse formalmente.

Incluso se menciona el caso de Eduardo Hernández Márquez, exjefe del Departamento de Administración de Personal, quien —según se afirma— se habría asignado una plaza para sí y otra para su hijo, con el mismo esquema que hoy reproduce el equipo de Pozos Jerónimo y Lagunes Calderón.

Trabajadores aseguran que la falta de transparencia en la asignación de plazas responde a acuerdos con sindicatos y directivos, a cambio de silencio y complicidad administrativa.

La ineficiencia también ha alcanzado el pago del concepto 30, correspondiente a la compensación por laborar en áreas de riesgo.
Después de más de seis meses de retrasos, apenas se aplicará en noviembre, sin pagos retroactivos para quienes estuvieron expuestos.

“Dicen que es un logro sindical, pero solo fue un acuerdo político entre la Sección 26 y Recursos Humanos para tapar el tema de las plazas vendidas”, denuncian los trabajadores.
Esta omisión ha provocado que muchos hospitales queden sin personal, ya que los trabajadores deberán ejercer días acumulados antes de diciembre, coincidiendo con las vacaciones generales.
El resultado: consultas y cirugías canceladas que terminan afectando directamente a los pacientes.

Mientras tanto, los sindicatos —en lugar de defender los derechos del personal— prefieren mantenerse callados, concentrados en liberar los “negocios” pendientes con las plazas laborales.
Los trabajadores cuestionan si realmente las autoridades superiores, como el Secretario de Salud, Valentín Herrera Alarcón, o el Director Administrativo, José David Rangel Zermeño, desconocen lo que ocurre o simplemente han decidido tolerarlo.

“Como trabajadores debemos alzar la voz y parar a este trío de la Subdirección de Recursos Humanos que siguen y seguirán afectando nuestros derechos”, expresan empleados inconformes que exigen una auditoría interna y sanciones para las responsables.

En SESVER, la denuncia ciudadana crece: los trabajadores se sienten abandonados por las autoridades y traicionados por sus sindicatos.
Mientras tanto, las anomalías en Recursos Humanos continúan afectando no solo a los empleados del sector salud, sino a miles de veracruzanos que dependen del buen funcionamiento del sistema público.

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