Tres estadounidenses llevan 3 años sin sentencia y denuncian tortura en Veracruz

7-noviembre-2025.-Graves fallas institucionales en el combate a la tortura fueron expuestas por la abogada penalista y defensora de derechos humanos, Perla del Carmen Morales Solano, quien alertó que en Veracruz persiste una omisión legislativa que permite que este delito quede sin castigo, favoreciendo violaciones sistemáticas de derechos humanos en el sistema penitenciario y judicial.

Durante una conferencia de prensa, la litigante señaló directamente al Congreso local, a la Gobernadora de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por no cumplir con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura, al no garantizar la existencia de una Fiscalía autónoma e independiente encargada de investigar estos hechos.

Según explicó Morales Solano, ella representa a tres ciudadanos estadounidenses recluidos desde noviembre de 2022 en el penal de Poza Rica, quienes —de acuerdo con su testimonio— sufrieron tortura física y psicológica durante su detención y posteriormente dentro del penal.

“Querían obligarlos a confesar con golpes. Ninguno habla español, son estadounidenses que solo dominan el inglés”, señaló.

Actualmente, los tres se encuentran bajo prisión preventiva desde hace tres años por los delitos de privación ilegal de la libertad y ataques a instituciones de seguridad; sin embargo, la defensa asegura que se trata de señalamientos fabricados para presentar culpables.

La abogada también señaló que dentro del penal los extranjeros deben pagar cuotas para acceder a comida, medicamentos y visitas familiares, pese a que uno de los detenidos padece diabetes y requiere atención médica.

Otro punto que consideró alarmante es que no se han practicado los exámenes médicos y psicológicos que exige el Protocolo de Estambul, aun cuando la denuncia por tortura fue presentada en mayo de 2024, lo que entorpece la integración de pruebas.

Morales criticó que, aunque existe una Fiscalía Especializada en Tortura en el estado, esta depende operativamente de la FGE, lo que compromete la imparcialidad de las investigaciones:
“No se puede ser juez y parte; si a la Fiscalía se le señala por tortura, no puede investigarse a sí misma”, advirtió.

La defensora recordó que estados como Nuevo León, Jalisco y Nayarit ya cuentan con fiscalías autónomas, mientras que Veracruz permanece rezagado y solo registra un proceso penal por tortura: el del exfiscal Jorge Winckler.

En cuanto a acciones legales, afirmó que ya promovieron un juicio de amparo por omisión legislativa; sin embargo, el Congreso local y la representación jurídica del Gobierno estatal negaron incumplimiento, argumentando que ya existe una fiscalía especializada.

La respuesta oficial, dijo, omitió que la ley exige autonomía total, tanto orgánica como operativa, para garantizar investigaciones imparciales.

Como parte de las irregularidades del caso, también señalaron que la Embajada de Estados Unidos no fue notificada de la detención de los tres ciudadanos sino hasta marzo de 2024, lo que viola tratados internacionales sobre asistencia consular.

El abogado Roberto Pablo Mercado Zamora, integrante de la defensa legal, acusó que el Poder Judicial de Veracruz prolongó la prisión preventiva sin audiencia, lo que calificó como una decisión irregular y contraria al Código Nacional de Procedimientos Penales.

También expuso que la falta de orden en los juzgados ha generado graves retrasos en los procesos:
—Se programan hasta 45 audiencias por día, pero menos de la mitad se realizan y muchas resoluciones se dictan desde un escritorio—, apuntó.

La defensa urgió a frenar la impunidad y exigió a las autoridades actuar con responsabilidad: “El pueblo de Veracruz necesita conocer la verdad a través de una sentencia. Es momento de legislar y hacer cumplir la ley”.

Finalmente, advirtieron que, mientras no exista una Fiscalía completamente autónoma para investigar la tortura, las violaciones a derechos humanos seguirán repitiéndose en la entidad.

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