Condenan a 40 años de prisión a 5 marinos por desaparición forzada en Coatzacoalcos
Coatzacoalcos, Ver.,12-junio-2025.-Una década después, la justicia llegó para Jacob Vicente Jiménez González, víctima de desaparición forzada en 2015. El Juzgado Decimocuarto de Distrito en Veracruz sentenció a 40 años de prisión a cinco elementos de la Secretaría de Marina (Semar)** por su participación en el crimen, uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el sur del estado.
Los condenados son Feliciano N, Anáhuac N, Héctor Emanuel N, Miguel Ángel N y Pedro Iván N, identificados como responsables de la desaparición del joven taxista de 27 años, ocurrida el 25 de septiembre de 2015** durante un operativo en la colonia Villas del Sur, en Coatzacoalcos.
El caso de Jacob se enmarca en el operativo «Blindaje Coatzacoalcos», implementado en 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, el cual derivó en múltiples denuncias por ejecuciones extrajudiciales, torturas y al menos 30 desapariciones forzadas en la región.
Según los expedientes, Jacob fue detenido arbitrariamente junto con otras tres personas por marinos, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
El fallo no solo impone la pena de prisión, sino que también ordena:
- Búsqueda inmediata de Jacob por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada.
- Reparación integral a la familia, incluyendo atención psicológica, psiquiátrica y una indemnización por daño material y moral en un plazo máximo de un año.
- Un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las corporaciones involucradas: Semar, Fuerza Civil y la extinta Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, como medida de no repetición.
La familia de Jacob, acompañada por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», mantuvo una larga batalla legal en medio de amenazas y obstáculos institucionales.
«Es un paso importante, pero no es el final», declaró la madre de Jacob. «Seguiremos exigiendo verdad y justicia hasta encontrarlo».
El caso refleja la deuda histórica del Estado mexicano con las víctimas de desaparición forzada y la urgencia de garantizar que crímenes como este no se repitan.
