Denuncian corrupción y acoso en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz
***Hacen un llamado a la Gobernadora Rocío Nahle y a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para que intervengan de manera inmediata
Xalapa, Ver.-13-marzo-2025.-La incertidumbre y el descontento se han instalado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del Poder Judicial del Estado de Veracruz, donde trabajadores y litigantes han manifestado su preocupación por presuntos actos de corrupción, nepotismo y ac-o-so que se viven al interior de esta institución.
Desde el cambio de administración estatal con la llegada de la gobernadora Rocío Nahle García, han surgido diversas modificaciones dentro del TCA que han generado sospechas y malestar entre el personal. Una de las principales inquietudes radica en el nombramiento de Luis Torres como Coordinador Administrativo del Tribunal, quien, según diversas fuentes, habría ascendido de manera vertiginosa gracias a su cercanía con Irma Dávila Espinoza, jefa de la Oficina de la Gobernadora y una de las figuras clave en el actual gobierno.
Antes de ocupar su actual cargo, Luis Torres se desempeñaba como auxiliar en el Tribunal y, de manera repentina, fue promovido a distintos puestos dentro del órgano de justicia laboral sin contar con la experiencia o preparación adecuadas. Según testimonios, su ascenso se debió a influencias políticas y relaciones personales dentro del círculo cercano del gobierno estatal.
Además, se le señala por presuntamente recibir “moches” y favores económicos a cambio de agilizar trámites y diligencias, generando inconformidad entre trabajadores y litigantes, quienes han expresado su frustración ante estos actos de corrupción.
Otro de los aspectos más alarmantes de la denuncia es la supuesta conducta de acoso sex-ü-al ejercida por Luis Torres contra trabajadoras y prestadoras de servicio social dentro del Tribunal. De acuerdo con testimonios anónimos, el funcionario habría utilizado su puesto para solicitar favores sex-ü-ales a cambio de compensaciones económicas y posibles contrataciones.
Pese a la existencia de protocolos internos para prevenir el acoso, las víct¡mas temen denunciar formalmente debido a la cercanía de la Jefa de la Unidad de Género, Thelma Reinecke Ochoa, con la Magistrada Presidenta del Tribunal, lo que podría generar un ambiente de impunidad.
El pasado lunes, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado firmó un Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso y Hostigamiento Sexual, sin embargo, los trabajadores exigen que este compromiso no quede solo en el discurso y se actúe con firmeza en este caso.
No es el único escándalo que rodea a Luis Torres. Fuentes internas del TCA también lo acusan de operar con favores políticos y clientelismo, condicionando la permanencia de trabajadores a cambio de la entrega de copias de sus credenciales de elector, lo que podría estar vinculado con los próximos comicios dentro del Poder Judicial del Estado.
Asimismo, se le señala de estar presuntamente involucrado en un esquema de corrupción en el Instituto Tecnológico de Juan Rodríguez Clara, donde, en complicidad con un funcionario de la institución, exigiría pagos irregulares a trabajadores a cambio de entregarles sus liquidaciones.
Otro de los aspectos que ha generado inconformidad entre los empleados es la intención de reubicar áreas administrativas dentro del edificio del TCA, una decisión que, según expertos, pone en riesgo la integridad de las instalaciones. Se advierte que el cuarto piso no soportaría el peso de las nuevas oficinas, lo que representa un peligro latente para trabajadores y visitantes, especialmente personas con discapacidad que acuden a realizar trámites legales.
Mientras el gobierno de Veracruz pregona la austeridad, en el TCA se planean estas modificaciones sin estudios técnicos previos ni justificación funcional, lo que ha encendido aún más las alarmas sobre la gestión de Luis Torres y el destino del presupuesto del Tribunal.
Los trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje hacen un llamado a la Gobernadora Rocío Nahle García y a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para que intervengan de manera inmediata y transparente en este caso, y se ponga fin a los presuntos abusos de poder, corrupción y hostigamiento que afectan la impartición de justicia en Veracruz.
Mientras tanto, la incertidumbre y el temor persisten dentro del TCA, donde muchos empleados siguen esperando que, esta vez, la justicia sí llegue para todos.
