Jubilados y pensionados del ISSSTE bloquearon la calle Enríquez exigiendo seguro institucional
Como cada jueves, integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en Veracruz (AJUPIV) bloquearon la calle Enríquez en Xalapa para exigir la contratación inmediata del seguro institucional, una demanda que ha sido ignorada por las autoridades estatales.
Calixto Azuara, representante de los jubilados, reiteró que la molestia de la asociación se intensificó tras las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien afirmó que no se pagará el seguro solicitado.
Azuara explicó que, en una reunión realizada con José Luis Lima Franco, titular de la Sefiplan, al menos diez integrantes de la AJUPIV expusieron la necesidad urgente de pagar a la aseguradora, sin embargo, un mes y medio después, Lima Franco negó haber llegado a algún acuerdo con los jubilados, lo que ha generado un profundo malestar en la comunidad.
El problema del seguro institucional para los jubilados federales tiene sus raíces en la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuando se canceló el seguro de vida para los jubilados de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, se restableció temporalmente el seguro, pero desde el inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, este beneficio no ha sido actualizado.
Los manifestantes anunciaron que solicitarán a la gobernadora electa, Rocío Nahle García, que investigue al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por la omisión de reactivar el seguro institucional.
Asimismo, pedirán reconsiderar la decisión de ratificar en su cargo al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, a quien acusan de no cumplir con la promesa de pago y de mentir sobre las negociaciones con los jubilados.
Azuara enfatizó que el derecho al seguro institucional está consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política, y que es un beneficio que debería mantenerse, además recordó que este seguro fue fundamentado durante el gobierno de Adolfo López Mateos y que, a nivel federal, sigue vigente, mientras que en el ámbito local, las autoridades han desatendido a los jubilados.
